“En los últimos días, he escuchado preocupaciones sobre el efecto de las reformas judiciales en nuestra resiliencia económica, [mas] de hecho es exactamente lo contrario: nuestros pasos para fortalecer la democracia no dañarán la economía, la fortalecerán”, aseguró Benjamin Netanyahu durante una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.
La aparición pública de Netanyahu se produce después de semanas de controversia sobre el plan de reforma judicial del nuevo gobierno, que eliminaría el poder de la Corte Suprema y terminaría con la separación de poderes en Israel.
Todo esto ha desatado una ola de protestas contra el plan, la mayor del país en décadas.
Por su parte, la noche del martes, el gobernador del Banco Central de Israel (CBI), Amir Yaron, se reunió con Netanyahu para advertirle de los riesgos que implica para la economía el plan de reforma judicial, subrayando que sí podría ahuyentar a los inversores y dañar la calificación financiera del país.
Además, más de 270 economistas y académicos israelíes emitieron hoy una «carta de emergencia» advirtiendo de las graves consecuencias para la economía de la reforma judicial propugnada por el nuevo gobierno.
«La concentración de un enorme poder político en manos del grupo gobernante, sin fuertes controles y equilibrios, podría paralizar la economía del país», advirtieron los firmantes de la carta.
A la luz de las preocupaciones expresadas, el ministro de finanzas subrayó esta tarde que el ejecutivo agregará “un paquete gigante de reformas” al presupuesto estatal para facilitar el proceso de reactivación de empresas e iniciativas económicas en Israel.
Según Netanyahu, determinadas intervenciones judiciales han retrasado en el pasado el avance de varios proyectos estratégicos clave para el país, como la explotación de reservas de gas natural, la construcción del metro de Tel Aviv o una gran autopista.
Entre otras cuestiones, el plan de reforma judicial que pretende adoptar el gobierno permitiría que una mayoría simple del parlamento anule las decisiones de la Corte Suprema sobre la legislación que pretende introducir el gobierno.
Esto, dicen los críticos, le daría al gobierno de coalición más derechista en la historia de Israel el poder de promulgar todo tipo de leyes, ante las cuales la justicia israelí ya no tendría la capacidad de controlar o intervenir de manera efectiva, asestando un golpe al estado de derecho. y las bases democráticas del país.
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