NoEn un comunicado, el secretario de Estado Antony Blinken acusó a estas personas de «corrupción significativa», obstruyendo las investigaciones y socavando los procesos e instituciones democráticos en sus respectivos países, contribuyendo aún más a la «migración irregular y la desestabilización de las empresas».

Estos elementos han sido incluidos en la llamada «lista Engel» de agentes corruptos y antidemocráticos, a quienes se les negará la entrada a Estados Unidos y no podrán obtener visas para viajar al país.

A diferencia de la lista de 2021, que no incluía a ningún ciudadano nicaragüense, este año las autoridades estadounidenses decidieron incluir a 23 jueces y fiscales nicaragüenses. También fueron imputados seis salvadoreños, 16 guatemaltecos y 15 hondureños.

Entre los nicaragüenses se encuentran los fiscales Yubelca del Carmen Pérez Alvarado, Jorge Luis Arias Jarquín, Marling de Jesús Castro Rodríguez y Andrea del Carmen Salas, del Ministerio Público de Managua; así como Perla de los Ángeles Baca, Fiscal Jefe del Departamento de Chinandega, y Luis Alberto Mena Gámez, Fiscal de Nueva Segovia.

De Honduras, Estados Unidos nombró, entre otros, al Vicepresidente del Congreso Rasel Antonio Tomé Flores; el diputado Edgardo Antonio Casaña Mejía; el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares, y el exministro de Salud, Javier Pastor Vásquez.

Entre los guatemaltecos señalados se encuentran los magistrados de la Corte Suprema Nery Osvaldo Medina Méndez y Vitalina Orellana y Orellana, así como el titular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Rafael Curruchiche, y la directora del Instituto para las Víctimas, Alejandra Carrillo.

Por El Salvador, Estados Unidos incluyó al exministro de Seguridad Pública René Mario Figueroa y su esposa, Cecilia Coronada Alvarenga de Figueroa; el alcalde de San Miguel, José Wilfredo Salgado García; el asesor legal presidencial Francisco Javier Argueta Gómez y el secretario de prensa presidencial José Ernesto Sanabria.

El registro del nombre se publicó de conformidad con la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte de EE. UU., aprobada en diciembre de 2020, es la segunda lista de este tipo publicada por el gobierno de los Estados Unidos.

Antony Blinken también dijo en su memorando que «los ciudadanos centroamericanos merecen y esperan gobiernos que respeten sus derechos humanos, respeten la ley y creen las condiciones para que los individuos y las comunidades prosperen».

Concluyó: «Estados Unidos seguirá trabajando con funcionarios y organizaciones que demuestren dedicación a la lucha contra la corrupción y al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática».

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