El gobierno español aprobó hoy una revisión de la ley del aborto para garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales públicos del país e instituir «derechos menstruales» para las mujeres.

En el caso del aborto, la revisión de la ley pretende, como ha dicho hoy la ministra española de Igualdad, Irene Montero, «acabar con las trabas» que actualmente limitan, en la práctica, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (aborto) en la vía pública hospitales y “conciliar el derecho a la objeción de conciencia” de los profesionales de la salud con “el derecho de las mujeres” a interrumpir un embarazo.

Según datos oficiales, solo el 15% de los abortos en España se practican en hospitales públicos, debido al elevado número de objetores de conciencia.

Para sortear este problema, el Gobierno español, una coalición de partidos socialistas (PSOE) y la plataforma de extrema izquierda Unidas Podemos, propone, con la legislación que aprobó hoy y que ahora tendrá que tramitar el parlamento, que todos los profesionales declaren sean o no objetores de conciencia y que esta declaración sea válida tanto cuando trabajen en el servicio nacional de salud como en clínicas privadas.

En base a estas declaraciones, los gobiernos regionales deben entonces garantizar que siempre haya médicos y enfermeras disponibles en los hospitales públicos para que una mujer pueda acceder al aborto en su área de residencia.

La propuesta del Gobierno español acaba también con los tres días de reflexión obligatorios para las mujeres que buscan abortar y aumenta el acceso a la llamada píldora del día después, tanto con una mayor disponibilidad gratuita en algunos servicios sanitarios y sociales, como con un aumento del reembolso.

Por otro lado, las niñas menores de 16 y 17 años pueden volver a acceder al aborto sin el consentimiento de los padres, como ha ocurrido en el pasado, antes de una modificación de la ley del aborto española introducida por los gobiernos del PP (derecha).

La nueva ley sobre salud sexual y reproductiva y sobre interrupción voluntaria del embarazo aprobada hoy por el Gobierno español también establece los “derechos menstruales”, en una propuesta considerada inédita en Europa.

Si lo aprueban los eurodiputados, las españolas tendrán derecho a una baja media, íntegramente a cargo de la Seguridad Social, de hasta cinco días por menstruación «dolorosa y debilitante» y se repartirán productos de higiene menstrual en colegios, centros sociales o prisiones. , por ejemplo, para luchar contra la «pobreza menstrual», en palabras utilizadas hoy por la ministra Irene Montero, una de las líderes del partido Podemos.

La normativa pretende reconocer «la salud menstrual como parte del derecho a la salud», ha subrayado la ministra en varias ocasiones, durante una rueda de prensa en Madrid, tras la reunión del Consejo y de ministros.