La jornada prometía ser tensa en España, con la votación del Congreso de los Diputados sobre la reforma judicial y las modificaciones al Tribunal Constitucional propuestas por el Gobierno de izquierda de Pedro Sánchez. Esto en momentos en que la oposición de derecha, que está en contra de los cambios previstos, ha recurrido a este mismo tribunal en un intento de paralizar la labor legislativa. Al final, los magistrados progresistas ganaron tiempo, posponiendo la decisión de la corte hasta el lunes, y los diputados pudieron aprobar la reforma judicial. Pero este no será el final de este debate.
El problema de la reforma radica en que dos de los principales cambios, el delito de sedición y el de malversación de caudales públicos, se perciben como una concesión del Gobierno a los separatistas catalanes a menos de un año de las próximas elecciones legislativas. Estos dos crímenes sirvieron para condenar a los líderes catalanes que organizaron el referéndum independentista en 2017, en el punto más bajo de las relaciones entre Madrid y Barcelona.
Los cambios podrían beneficiar al exdirigente catalán Carles Puigdemont, que huyó a Bélgica para escapar de la justicia, y al líder de Esquerra Republicana Catalana (ERC), Oriol Junqueras, que podría volver a la política antes de lo previsto. Pero incluso entre los partidarios de la independencia no hay consenso, con Junts per Catalunya de Puigdemont en contra de los cambios, ya que las acciones de los líderes independentistas siguen siendo vistas como un crimen.
Las críticas a la reforma judicial procedían no sólo del Partido Popular -el líder Alberto Núñez Feijóo habló de un «código penal adaptado a los condenados»-, sino también de varios de los llamados «barones» del PSOE. El jefe de Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha declarado que «no es tolerable pactar con criminales para condenarse a uno mismo».
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que indultó a los nueve independentistas condenados a entre 9 y 13 años de prisión y negoció esta reforma con ERC, defendió los cambios. «Es necesario devolver la confrontación y el debate político al territorio de la política y sacarlo de los tribunales», dijo el pasado domingo en Barcelona.
Constitucional
Además de esta reforma, el gobierno también aprovechó para intentar desbloquear la situación ante la Corte Constitucional. Hasta ahora, debido a que se necesita una mayoría de tres quintos del Consejo General del Poder Judicial para aprobar los nombramientos, los magistrados conservadores lo han bloqueado: ha habido cuatro puestos vacantes desde junio. Con la propuesta del Gobierno bastará la mayoría simple para salir adelante, eliminando además la necesidad de verificar las garantías de adecuación.
El Partido Popular y Vox han pedido al Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre las reformas antes de la votación en el Congreso, en un intento de parar la obra. LA El Gobierno socialista advirtió de un posible «pisoteo democrático» si los jueces decidían en este sentido, y finalmente el debate acabó aplazado hasta el lunes.
Este aplazamiento se produjo a petición de un grupo de magistrados progresistas, que defendieron la necesidad de tiempo para «el estudio completo del tema». Esgrimieron como argumento «el volumen de documentación presentado», así como la «complejidad del asunto» y la «relevancia de la decisión», alegando que las circunstancias les impidieron «participar en la deliberación y votación» convocada en las emergencias de ayer. Ello no impide que el tribunal celebre el futuro debate, ya que la reforma aún deberá pasar por el Senado -el debate está previsto recién para el 22 de diciembre-. Y esto puede impedir la aprobación definitiva de los cambios y su entrada en vigor.
En el Congreso, y tras un acalorado debate en el que no faltaron las referencias al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, la reforma fue aprobada por 184 votos a favor, 64 en contra y una abstención. Los diputados del PP no votaron por considerar que la votación no debería haberse producido.
¿Que cambios?
Corte Constitucional: Una de las modificaciones que contempla la reforma tiene como objetivo desbloquear los nombramientos del Tribunal Constitucional, donde hay cuatro mandatos vencidos. En lugar de necesitar una mayoría de tres quintos del Consejo General del Poder Judicial para elegir nuevos miembros, bastará con una mayoría simple y también se verificarán las garantías de idoneidad (para evitar bloqueos en los nombramientos).
Fin del delito de sedición: Otra polémica se refiere al fin del delito de sedición, con penas de 10 a 15 años de prisión, que sirvió para condenar a los líderes separatistas catalanes. Ello dará lugar al delito de “desorden público agravado”, con penas de tres a cinco años de prisión para los titulares de cargos públicos.
Malversación de fondos públicos: Fue otro delito por el que fueron condenados los independentistas catalanes y la reforma podría beneficiar a muchos de ellos. La parte más conflictiva es distinguir entre la apropiación indebida de fondos públicos con fines lucrativos, en beneficio propio o ajeno, de la mala administración de bienes sin ese lucro. En el primer caso, la pena es la vigente, de dos a seis años de prisión, además de un máximo de 10 años de inhabilitación para el ejercicio de sus funciones. En el otro, es de uno a cuatro años de prisión y de dos a seis años de prohibición.
Enriquecimiento ilícito: Entre los diversos delitos nuevos introducidos en el Código Penal está el de enriquecimiento ilícito, contra la corrupción. Los titulares de cargos públicos que, hasta cinco años después del cese en el cargo, aumenten su patrimonio en más de 250.000 euros sin poder justificarlo, serán sancionados con seis meses a tres años de prisión. La inhabilitación, en estos casos, será de dos a siete años.
Ley de «solo el si es si»: El gobierno también ha introducido una interpretación de la ley sobre la plena garantía de la libertad sexual, conocida como «sólo sí es sí». Con esta ley, los delitos de abuso y agresión sexual se unificaron en uno, lo que significó que las penas mínimas y máximas fueran, en algunos casos, inferiores a las que tenían en el momento del delito. 100 condenados ya han recibido reducciones de sentencia por esto y el gobierno quiere evitar que esto suceda.
susana.f.salvador@dn.pt
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