En un abrir y cerrar de ojos, como describe el diario español El Debate, la agitación política en España se ha intensificado, luego de que el Parlamento aprobara una reforma judicial que traerá cambios en el Tribunal Constitucional y el Código Penal, acusando la oposición al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de intentar controlar los principales órganos del aparato estatal, generando comparaciones con lo que han hecho en Venezuela políticos como Hugo Chávez o Nicolás Maduro.

«Pedro Sánchez quiere una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional que sea más cómoda para la Moncloa (sede central de la presidencia del Gobierno) a la hora de deliberar sobre leyes controvertidas», reza un editorial publicado en El Español.

“La operación del gobierno es extraordinariamente seria, tanto en el fondo como en la forma. Nadie preguntará si la mayoría legislativa tiene derecho a modificar una ley. Pero, por supuesto, sin abusar de este derecho ni menoscabar el ejercicio de la oposición parlamentaria, que ayer sólo dispuso de cinco minutos para oponerse a esta reforma en el seno de la Comisión de Justicia”.

Las reformas judiciales de Pedro Sánchez, conocidas como «reformas de Junquera», se debatieron este jueves en el Parlamento y, pese a su aprobación (con 184 votos a favor, 64 en contra y una abstención), la oposición de derecha consiguió aplazar la decisión del Constitucional Corte hasta el lunes.

Entre los cambios que contempla la reforma se encuentra una modificación al Tribunal Constitucional que permitirá nuevos nombramientos. Es decir, permitirá elegir nuevos miembros y aprobar reformas por mayoría simple, en lugar de las tres quintas partes actuales del Consejo General del Poder Judicial.

“La convulsa situación política que estamos viviendo en España en las últimas semanas, debido a la obsesión del gobierno de Sánchez por controlar todas las instituciones del Estado, me recuerda las advertencias que hace años me hicieron mis amigos venezolanos, cuando los bolivarianos liderados por Chávez destruyen La democracia y la economía de Venezuela”, escribió el exmiembro del Partido Popular Francisco Javier León de la Riva, y agregó que nunca pensó que sería testigo de este escenario en su país.

Controversia establecida

Sánchez también pretende eliminar del Código Penal el delito de sedición, con penas de 10 a 15 años de prisión, que será sustituido por el delito de “desorden público agravado”, con penas de tres a cinco años de cárcel por cargos públicos, y cambio de malversación (malversación de fondos públicos), que llevó a la condena de nueve líderes catalanes implicados en el intento de autodeterminación de la región de 2017 y acusados ​​de haber utilizado fondos públicos para organizar el referéndum, considerado ilegal.

Los líderes de este movimiento fueron acusados ​​del delito de sedición y malversación de caudales públicos en 2017, cuando Carles Puigdemont firmó el referéndum independentista y declaró unilateralmente la independencia de Cataluña. Por tanto, este cambio podría beneficiar al expresidente autonómico, ayudándole a escapar de la justicia, o al líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras, permitiéndole volver antes a la política siempre que eso suceda.

En un momento en que el partido de Sánchez, el PSOE, confía en el independentismo catalán (y también en los vascos, además de otras formaciones más pequeñas) para aprobar leyes como los presupuestos del Estado, los analistas dicen que esta reforma pretende asegurar el apoyo a los separatistas en las próximas elecciones legislativas, que tendrán lugar dentro de un año.

Los críticos de esta reforma vienen de diferentes lados, el líder del Partido Popular de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, acusando el «código penal cortado para los condenados», añadiendo que utiliza su poder como un «déspota».

El partido de derecha, Vox, no se quedó a medias y, ante estas propuestas, pidió una moción de censura al presidente del Gobierno. Sería la segunda vez que el partido intenta acusar a Sánchez: la primera fue en octubre de 2020, pero la propuesta fracasó.

Para varios escaños, el parlamento español no vivía una crisis tan grave desde el 23 de febrero de 1981, cuando elementos de la Guardia Civil entraron armados al pleno con el objetivo de dar un golpe de Estado.