Es en medio de una crisis política e institucional sin precedentes que el Senado de España aprobará este jueves la polémica reforma de las leyes penales que, entre otros cambios, transforma el delito de sedición en desórdenes públicos. Este cambio se ve como un intento de pacificar las relaciones entre los movimientos nacionalistas catalanes y el estado español.
La reforma del código penal forma parte de un acuerdo entre el Gobierno y Esquerra Republicana de Cataluña, y ha suscitado muchas polémicas y críticas internas en el PSOE.
La reforma prevé derogar el delito de sedición y sustituirlo por otro de desórdenes públicos agravados, lo que reduce las penas de 10 a 15 años de prisión a entre tres y cinco años.
El Gobierno argumenta que la sedición es un delito que la mayoría de los códigos penales europeos ya no contemplan y que es necesario modernizar la ley a la luz de los parámetros actuales.
Más controvertida es la reforma de la ley sobre faltas profesionales, que modifica la sanción de malversación de caudales públicos cuando éstos no tengan por objeto el enriquecimiento del funcionario público. En este caso, las penas se reducen a cuatro años de prisión y seis años de inhabilitación.
Pedro Sánchez defiende que las reformas son un paso más necesario para restablecer la convivencia con Cataluña, tras el proceso independentista. La oposición acusa al gobierno de fomentar la corrupción.
La reforma también introduce el delito de enriquecimiento ilícito. Los políticos que aumenten su patrimonio en más de 250.000 euros durante su mandato, y hasta 5 años después, deberán justificar de dónde procede esa cantidad.
La aprobación de la ley llega en un momento delicado de la política española, después de que el Tribunal Constitucional decidiera paralizar la reforma de su propio personal, que el Gobierno pretendía introducir mediante una modificación del mismo texto que será aprobada este jueves.
La Corte respondió así a un recurso del Partido Popular, impidiendo el debate de la ley en el Congreso de los Diputados y provocando una crisis institucional sin precedentes.
El miércoles, Sánchez y Feijóo se enfrentaron en el Senado. «Aunque trate de impedir que el Parlamento hable, ya les garantizo que el Parlamento hablará. Y lo hará alto y claro. La Constitución establece un mandato de nueve años para los magistrados del Tribunal Constitucional. Propuesto por el Partido, ellos tienen un mandato eterno», dijo Sánchez.
Y Feijóo respondió: «Ya que el Parlamento va a hablar, que hable con honestidad y que hable el Parlamento de toda España, que son todos los españoles. Convocatorias y decimos la verdad».
La sentencia del juzgado, inédita en España por tratarse de una sentencia preventiva y no a posterioripuso sobre la mesa la urgencia de la renovación de las autoridades judiciales, bloqueada hace cuatro años por decisión del Partido Popular.
La ley exige que la Constitución se renueve cada nueve años y que el consejo general del poder judicial se renueve cada cuatro. Ambos de mayoría conservadora, el PP se niega a llegar a un acuerdo con el Gobierno, que necesita una mayoría de tres quintos para renovar las autoridades judiciales.
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