La fiscalía española anunció este viernes que exigiría una pena de más de ocho años de prisión para la cantante Shakira, acusada de evasión fiscal.
La artista de 45 años, que rechazó un acuerdo de culpabilidad porque creía plenamente en su inocencia, está acusada de defraudar a las autoridades fiscales españolas por 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014.
Los abogados de Shakira sostienen que la artista, entre los conciertos y la agenda relacionada con el mundo del espectáculo, permaneció solo 184 días en España, por lo que no tenía obligación de pagar impuestos en este país.
En enero de 2020, dos inspectores de la Agencia Tributaria española declararon ante un juez de instrucción que Shakira no había pagado el IRPF entre 2012 y 2014, denuncia que se reafirmó con un informe elaborado sobre el proceso.
La demanda se interpuso en diciembre de 2018 contra Shakira y el asesor fiscal estadounidense de la artista, acusados de seis delitos contra la Agencia Estatal de Administración Tributaria, tras un supuesto «plan» para «evadir» el pago del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el patrimonio. , a través de sociedades radicadas en paraísos fiscales que poseían formalmente los activos en poder de Shakira.
En concreto, la fiscalía española sostiene que la cantante «canalizó los movimientos de capital generados por su actividad profesional» –conciertos, participación en el programa de entretenimiento norteamericano «La Voz» y anuncios publicitarios sobre perfumes con el nombre de la artista – a través de empresas con sede en las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo.
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