Las tensiones prolongadas entre Serbia y su antigua provincia sureña de mayoría albanesa se han intensificado en las últimas semanas tras la decisión del gobierno de Kosovo de prohibir las placas de matrícula emitidas en Serbia. El 5 de noviembre, diez diputados, diez fiscales y 576 policías serbios de la región de Mitrovica, en el norte de Kosovo, dimitieron de sus cargos en protesta por esta decisión, mientras decenas de miles de personas se manifestaban en las calles.
El jefe de política exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, dijo que las renuncias habían dejado a las comisarías y los tribunales sin personal y que «en este vacío podría pasar lo peor. Sus partidos deben ser más flexibles».
De acuerdo con la prohibición, aproximadamente 6.300 serbios de Kosovo que poseen vehículos con placas consideradas ilegales por Pristina deben ser notificados antes del 21 de noviembre y luego multados dentro de dos meses si no cumplen con el estándar requerido por la prohibición. A partir del 21 de abril, solo se permitirá conducir con placas temporales emitidas por las autoridades albanokosovares.
«No podemos cumplir esta fecha (21 de noviembre) sin un acuerdo, de lo contrario estaremos al borde de una situación peligrosa», dijo Borrell en declaraciones a los medios y tras una reunión de diplomáticos europeos en Bruselas.
Borrell también dijo que se espera que los negociadores de Kosovo lleguen a Bruselas esta noche y que estaba listo para convocar una reunión con los líderes de Serbia y Kosovo para llegar a un acuerdo a fines de esta semana.
Belgrado nunca reconoció la secesión de Kosovo en 2008, proclamada tras una sangrienta guerra que comenzó con una rebelión armada albanesa en 1997 que dejó 13.000 muertos, en su mayoría albaneses, y llevó a la intervención militar de la OTAN contra Serbia en 1999, a pesar de la ONU.
Desde entonces, la región ha registrado conflictos esporádicos entre las dos principales comunidades locales, en un país con un tercio de la superficie del Alentejo y alrededor de 1,7 millones de habitantes, la gran mayoría de etnia albanesa y musulmana.
Un Kosovo independiente ha sido reconocido por alrededor de 100 países, incluido Estados Unidos, que conserva una fuerte influencia sobre el liderazgo de Kosovo, y la mayoría de los estados miembros de la UE, con la excepción de España, Rumania, Grecia, Eslovaquia y Chipre.
Serbia sigue considerando a Kosovo como parte integrante de su territorio y Belgrado cuenta con el apoyo de Rusia y China, que al igual que decenas de otros países (incluidos India, Brasil o Sudáfrica) tampoco han reconocido la independencia de Kosovo.
La UE considera que la normalización de las relaciones entre Serbia y Kosovo es una condición previa para la eventual adhesión. Sin embargo, las negociaciones mediadas por Bruselas siguen estancadas, lo que hace temer una vuelta a la inestabilidad más de dos décadas después del fin del conflicto.
«Ahora mismo están en una encrucijada. Tienen que decidir qué camino quieren seguir. Hacia la Unión Europea o hacia el pasado», añadió Borrell.
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