El Gobierno español ha decidido despedir al jefe de los servicios secretos, Paz Esteban, a raíz del «asunto Pegasus» de espiar a los líderes independentistas y los teléfonos móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Según fuentes gubernamentales citadas por la prensa española, la dimisión del director del Centro Nacional de Información (CNI) fue decidida este martes por el Consejo de Ministros.
Paz Esteban, la primera mujer en liderar el «secreto» español y la única directora con trayectoria en la «casa» que asumió el cargo hace poco más de dos años, se convirtió así en la primera víctima del espionaje de celulares de políticos a través del sistema Pegasus.
El jefe de los servicios de inteligencia españoles fue citado el pasado jueves ante una comisión parlamentaria para esclarecer el espionaje a decenas de políticos separatistas así como al presidente del Gobierno y al ministro de Defensa.
En la ocasión, mostró las autorizaciones legales que le permitían espiar a una veintena de separatistas en la región de Cataluña.
El movimiento a favor de la independencia de Cataluña pide desde hace varias semanas la dimisión del ministro de Defensa, al que considera el principal responsable del presunto espionaje a varias decenas de sus dirigentes.
El «asunto Pegasus» lo desveló un informe del grupo Citizen Lab, vinculado a la Universidad de Toronto (Canadá), que señalaba que al menos 65 activistas catalanes habían sido espiados entre 2017 y 2020, entre los que apuntaban a la corriente catalana. presidente regional , Pere Aragonés (entonces vicepresidente de la región), los expresidentes autonómicos Quim Torra y Artur Mas, así como eurodiputados, diputados autonómicos y miembros de organizaciones cívicas independentistas.
A principios de la semana pasada, el Ejecutivo español presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional por presunto espionaje de los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa, cuando los hechos tuvieron lugar en 2021.
Este caso es una brecha creciente entre el gobierno español y sus principales socios, a saber, Unidas Podemos (extrema izquierda, socio en el gobierno) y la Esquerra Republicana de Cataluña (ERC, independencia, apoyo parlamentario).
