El texto, que ahora será remitido al Parlamento para su valoración, regula también otros derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como las incapacidades temporales por menstruación dolorosa, abonadas desde el primer día por las entidades españolas de la seguridad social.

Además, según la nueva ley, las personas de 16 y 17 años ya no necesitan el consentimiento de los padres para interrumpir voluntariamente un embarazo.

Este punto ya estaba recogido en la legislación del país desde 2010, pero cinco años después el gobierno conservador de Mariano Rajoy (PP) impuso la autorización de los padres como condición para autorizar el aborto en este grupo de edad.

En una rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Ministros, la titular de la cartera de Igualdad, Irene Montero, que presentó el proyecto, destacó que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo forma parte de un derecho fundamental a la salud.

Con la nueva ley, la red pública será la “red de referencia” para realizar las prácticas, creando un registro de objetores de conciencia, como en la ley de eutanasia. Cualquiera que se declare objetor no puede practicar un aborto, ni siquiera en la red privada.

Actualmente, más del 84% de los abortos en España, según el Ministerio de Sanidad, se realizan en clínicas privadas contratadas con la seguridad social.

La ley establece que los centros donde se pueden realizar los trámites estén lo más cerca posible del domicilio de la mujer y suprime los tres días de reflexión, que ahora existían.

La reforma incluye el derecho a la incapacidad laboral temporal por menstruación dolorosa, cuyo coste será asumido desde el primer día por el Estado, que no exigirá una cotización mínima y durará el tiempo que sea necesario para la mujer.

Además, para acabar con la pobreza menstrual, habrá distribución gratuita de productos como toallas sanitarias en institutos públicos, cárceles, centros de la mujer y otras organizaciones.

A partir de ahora, el nuevo texto aprobado por el Gobierno deberá pasar por el Parlamento, para su debate y aprobación definitiva, que debería producirse a lo largo de unos meses. CEPE