El Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña (TSJC) emitió el pasado 21 de enero una sentencia de 2020 que exige que el 25% de las clases en los colegios catalanes se impartan en castellano.

El miembro de la Generalitat de Catalunya encargado de la educación, Josep González-Cambray, ha dicho hoy que durante el curso 2022-2023, que comienza la semana que viene, «ningún centro educativo aplicará sólo un 25% de español».

El responsable catalán ha añadido, en declaraciones a los periodistas, que el curso escolar anterior «estuvo marcado por la injerencia judicial» a la que la Generalitat y el parlamento autonómico dieron «una respuesta de país» aprobando «cambios legislativos» tomados con «el máximo consenso, , político y pedagógico».

En ese contexto, dijo que en ninguna escuela “se aplicará el porcentaje de aprendizaje de idiomas”.

La modificación legislativa aprobada por el parlamento autonómico establece que el catalán es la «lengua vehicular», de trabajo, en las escuelas y reconoce el «uso curricular» del castellano.

Según la Generalitat, que dice haber analizado jurídicamente el tema, todos los centros educativos financiados con fondos públicos «deben garantizar, desde el inicio de este curso escolar, el cumplimiento del nuevo marco legislativo», que «es incompatible con las medidas judiciales que determinó la aplicación del 25% del aprendizaje en castellano”, según se desprende también de las resoluciones tomadas entretanto, en julio, por el propio TSJC.

La Generalitat, encabezada por una coalición de partidos independentistas, señala que, por otro lado, está pendiente un pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de la nueva legislación aprobada en Cataluña en esta materia, que «no obstante está en vigor y, dependiendo de la decisión que se tome, se «analizará» la situación.

A finales de julio, el Gobierno regional y el Gobierno español firmaron un acuerdo que reconoce la fórmula adoptada por el parlamento catalán.

«Ambos Gobiernos coinciden en que el catalán debe seguir siendo la lengua normalmente utilizada como vehículo y para el aprendizaje en el sistema educativo catalán», pero «también se debe garantizar la enseñanza y el uso curricular y educativo del castellano y tener una presencia adecuada en la lengua currículo y proyectos», según el acuerdo de julio.

En su momento, el Gobierno español, una coalición del Partido Socialista (PSOE) y la plataforma Unidas Podemos (extrema izquierda) señalaron que la ley había sido aprobada con un 80% de consenso en el Parlamento regional y que certifica la autonomía individual. . escuela para promover el uso de la lengua que considere mejor para su contexto.

El mismo día, el Gobierno español también se comprometió a pedir al Parlamento Europeo que el catalán sea una de las lenguas utilizadas en el Pleno.

El ejecutivo español añadió que está disponible para hacer lo mismo con otras lenguas oficiales españolas, como el gallego o el euskera, si así lo solicitan los gobiernos regionales.

La cuestión de la lengua de instrucción en los colegios de Cataluña ha provocado un enfrentamiento político en España desde hace un año, acusando la derecha a la coalición de izquierdas en el poder en Madrid, que no tiene mayoría absoluta en el parlamento nacional, de Apoyar a los separatistas catalanes, cuyo voto contó y sigue contando para la viabilidad del propio ejecutivo, los presupuestos y otras legislaciones.

Los partidos derechistas PP y Ciudadanos dijeron hoy que se ‘erradicaría’ el castellano de las escuelas catalanas y reiteraron sus críticas, acusando a los socialistas catalanes de negociar con los separatistas el cambio legislativo en la región para no respetar una «frase que protege a los estudiantes». «.

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, citada por la agencia EFE, ha expresado hoy «un mensaje de tranquilidad» porque «en España se respetan las leyes» y ha subrayado «el acuerdo alcanzado allí hace unas semanas con la Generalitat no sólo garantizar el uso de las lenguas cooficiales en la escuela, como el catalán», pero también poner en marcha «una verdadera política de impulso y valorización» de «un elemento de enriquecimiento para todo el país».

En este contexto, ha destacado «el esfuerzo por compartir e incrementar de forma más eficaz el uso de las lenguas cooficiales en todo el Estado» ya que «el catalán, el gallego y el euskera son lenguas oficiales de la España» que el actual Gobierno «quiere proteger y promover».

La sentencia de 2020, confirmada este año por la STJC, constataba que el uso del castellano en las escuelas catalanas es «residual» y que solo el 2% cumple la ley.

Más allá del enfrentamiento político, este tema también ha suscitado quejas de padres y movimientos a favor de un sistema bilingüe en las escuelas.

Cataluña (este de España) es una de las 17 regiones autónomas del país y está gobernada por una coalición de partidos independentistas que han ganado sucesivamente las elecciones regionales desde 2015.