“Con esta huelga de veterinarios en este periodo festivo, o no tendremos suficiente matanza para poner cochinillos o cabritos en nuestra mesa, o tendremos que comprar carne en mataderos de España”, advierte la APIC, en nota de prensa. .

En la nota, firmada por la directora ejecutiva de la asociación, Graça Mariano, los productores cárnicos señalan que la huelga tiene «graves consecuencias» para los empresarios, señalando que pagan una tasa de inspección «más suficiente para garantizar un número adecuado de veterinarios». «. cumplir funciones de inspección sanitaria”.

Los trabajadores de los servicios públicos, incluidos los inspectores de salud, estarán en huelga del 19 al 30 de diciembre.

En este sentido, según informa la asociación, la Dirección General de Alimentos y Medicina Veterinaria (DGAV) ha enviado un fax a los mataderos para que tomen precauciones en materia de bienestar animal.

La asociación recordó que durante el año se produjeron varios paros, lo que supuso aún más dificultades para las empresas, aunque señaló que no está en contra de la huelga.

Sin embargo, APIC expresó su «total descontento» porque, a pesar de haber contactado con la DGAV, el Ministerio de Agricultura y Alimentación, así como con el presidente del Gobierno, António Costa, no obtuvo respuestas a este problema. .

Según subrayó, sin la DGAV ni los veterinarios de las corporaciones locales no se puede realizar el sacrificio y, en última instancia, el operador económico puede incurrir en un delito contra la salud pública, “dado el sacrificio clandestino cuya sanción es prisión”.

La asociación recordó que el servicio de inspección sanitaria se realiza a cambio del pago por parte de los fabricantes de una tasa al Estado, que puede ascender, en determinados casos, a 35.000 euros mensuales, en función del volumen de sacrificio.

Por otro lado, lamentó que las limitaciones al normal funcionamiento de los mataderos persisten desde hace varios años, al no contar la DGAV con suficientes veterinarios, ni estar en condiciones de contratar a más profesionales de manera independiente.

Según la misma nota, la DGAV ha recurrido por tanto a la colaboración de los ayuntamientos, pero no ha sido posible asegurar el «funcionamiento normal» de los sectores de matanza.

“De hecho, son los operadores económicos los que han adaptado su jornada laboral a la disponibilidad de los inspectores sanitarios que, en varias ocasiones, o bien no realizan el segundo turno, o bien no realizan la matanza en todos los días previstos. Esta falta de inspectores de salud perjudica gravemente a los operadores económicos, ya que no han asegurado su actividad normal”, agregó.

El 9 de diciembre, la asociación envió una carta al Ministerio de Agricultura y otra al presidente del Gobierno, indicando que este sector ha sido «olvidado y maltratado» por el gobierno, pidiendo medidas para permitir que los mataderos puedan hacer su trabajo.

PE // CSJ

Por Noticias Impala / Lusa

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