Nadie Debe ser Vigilado, ni Vulnerada su Intimidad

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Desde principios del año 2006, se sustancia un proceso judicial por tareas de espionaje, que incluían escuchas ilegales, efectuadas por personal de la armada con asiento en la ciudad chubutense de Trelew- Los seguimientos se realizaban a políticos, sindicalistas, estudiantes e integrantes de organismos de derechos humanos- Preventivamente, la ministra de defensa, Nilda Garrí, separó de sus cargos a los militares involucrados- Hay doce imputados en la causa quienes manifiestan haber actuado de acuerdo a lo indicado en el llamado "Plan Básico de Inteligencia Nacional 201, edición 2005"

La legislación argentina prohíbe la realización de escuchas y demás tareas de espionaje, con la única excepción de las autorizadas por un juez que lo solicite para la investigación de un eventual delito————————–.
Pero no ha sido el único caso de espionaje desde el advenimiento de la democracia, sobre fines del año 1983. Siempre tuvieron como protagonistas, de estas prácticas ilegales, a miembros de fuerzas armadas o seguridad y de la SIDE (actual SIE). Ineptos para detectar maniobras extranjeras perjudiciales para la Nación, los popularmente conocidos como “servicios”, se abocaron a la persecución de ciudadanos argentinos, para borrarlos de la faz de la tierra, para extorsionarlos o amedrentarlos.
Pero, al decir del jefe de policía, Walter Papa, existe la posibilidad que, en el caso de las escuchas telefónicas que lo involucran junto a la gobernadora Ríos y su marido, el concejal Longhi, podrían tener su origen en el incremento de los operativos antidrogas llevados adelante por la fuerza a su mando. Lo que da a interpretar que las escuchas, habrían sido realizadas por narcos que operan en la provincia que ven peligrar su “negocio” debido al accionar policial. Así, narcos y servicios juntos, estarían en plan de desestabilización del gobierno de Fabiana Ríos. Mucho para probar en sede judicial tiene Papa, tras la denuncia realizada luego de la difusión de una comunicación telefónica mantenida con la gobernadora.
Nadie puso en duda la veracidad de las charlas telefónicas “subidas” en internet y difundidas por un blog. El contenido, los dichos que allí se expresan, son y serán analizados desde el punto de vista político y, si amerita, de investigación judicial. Pero lo que no merece tan siquiera consideración son las detestables, repudiable en todo sentido, escuchas ilegales de esas comunicaciones telefónicas y de cualquier otra que no tenga su origen en requerimiento judicial. Más allá que esa práctica ilegal beneficie o perjudique a cualquier actor político y/o económico de la provincia o del resto del país.
Ríos y compañía deberá rendir cuenta de sus actos, y la Justicia, “adicta” o no al poder político de turno, tendrá que investigar hasta esclarecer totalmente el lugar de procedencia de las escuchas difundidas y enjuiciar y condenar a sus responsables. A colaborar con ínfasis en esta dirección, debiera abocarse el ejecutivo provincial. Nadie debe ser vigilado ni sentir, eventualmente, vulnerada su intimidad. Ello debe garantizarlo el gobierno de Tierra del Fuego, pues es parte de su responsabilidad

Fuente: (consignastdf.com.ar)